El presidente Luis Abinader informó ayer que observará las modificaciones que hizo el Congreso a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, 225-20. Sin embargo, el mandatario aclaró que el proyecto aún no ha sido enviado al Poder Ejecutivo.
“Todavía a nosotros no nos ha llegado formalmente la Ley y esperamos que nos llegue en los próximos días; pero hay muchos cuestionamientos, incluso Procompetencia, también nos ha enviado varios informes de situaciones y cuestiones que tienen que corregirse en la Ley; la Ley tiene que corregirse y le puedo decir que vamos a atender esas observaciones y la vamos a reenviar con observaciones al Congreso”, expuso al responder una pregunta en el marco de La Semanal ayer en el Palacio Nacional.
Lo que debe saber
El presidente Luis Abinader anunció que observará la reforma a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225‑20), una vez la reciba formalmente, y que reenviará el texto al Congreso con observaciones técnicas y sectoriales.
Pro‐Competencia, sectores empresariales (Adocem, Asonahores, AIRD, Codopyme, Conep) y la fundación Finjus han emitido críticas señalando riesgos de monopolio, exclusión de MIPYMES, debilitamiento de gobernanza ambiental y carencia de análisis técnico adecuado.
El mandatario explicó que esta acción forma parte de las facultades del Poder Ejecutivo para asegurar la calidad y legalidad de las normativas. Agregó que la medida busca disipar las preocupaciones expresadas por diputados, empresarios y otros sectores de la sociedad sobre el impacto y la viabilidad de la legislación que modifica la Ley 225-20.
Diversos sectores habían solicitado al mandatario observar la ley que modificó la legislación sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos por el impacto negativo que tendría en los sectores productivos y por el impulso a prácticas de monopolio en sectores de la economía como los productores de cemento.
La lista de entidades empresariales que solicitaron al mandatario observar la ley abarca la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive) y representantes de las medianas y pequeñas empresas (Mipymes), la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem), la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores). Igualmente, expresaron críticas a la legislación la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana.
Finjus se suma a las críticas
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se sumó a las voces que advierten sobre los riesgos institucionales que tendría la ley que modifica la legislación 225-20 sobre residuos sólidos, porque podría propiciar una concentración indebida del mercado, limitando la competencia leal y restringiendo la incorporación de actores esenciales como las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), gestores comunitarios y empresas independientes que ya operan bajo estándares reconocidos de sostenibilidad.
“Este diseño normativo podría vulnerar el principio de libertad de empresa consagrado en el artículo 50 de la Constitución y contradecir el pluralismo económico que debe orientar toda política pública con impacto estructural”, advirtió el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán.
“Con el objetivo de que la reforma garantice un equilibrio real entre la protección ambiental y la sostenibilidad económica de los sectores productivos, proponemos que el texto sea sometido a un proceso amplio de deliberación técnica, evaluaciones de impacto, y mecanismos de consulta pública que aseguren la participación de todos los actores clave”, recomendó la entidad.
Finjus advirtió que genera particular preocupación el esquema centralizado de valorización de residuos. “Esta medida podría convertirse en una barrera normativa para iniciativas descentralizadas e innovadoras, especialmente en sectores como el hotelero y turístico, que han invertido de forma significativa en infraestructura para la gestión responsable de sus residuos, perjudicando mecanismos de financiamiento verde esenciales para el desarrollo sostenible”, advierte la entidad en un comunicado.
Puntualiza que en un contexto económico retador, la falta de armonización del nuevo sistema de contribuciones económicas propuesto podría derivar en una carga fiscal desproporcionada y carente de justificación técnica, que afectaría la viabilidad operativa de sectores clave y promovería la informalidad.
“Reconocemos que la iniciativa responde a una necesidad impostergable: modernizar el sistema nacional de gestión de residuos, avanzar hacia una economía circular y fortalecer los instrumentos de protección ambiental”, establece la Finjus.
La entidad señala que en ese contexto, el rol del Estado como garante del interés general y regulador de actividades con externalizares ambientales es legítimo, necesario y plenamente respaldado por el orden constitucional, sin embargo, explica que la eficacia de esa función pública exige un diseño institucional equilibrado, fundamentado en principios de racionalidad, proporcionalidad e inclusión.
“Cualquier reforma que busque transformar un sistema tan transversal como el de residuos sólidos debe armonizar los fines ambientales con la sostenibilidad económica y la participación equitativa de los diversos actores involucrados. La construcción de soluciones duraderas requiere articular las capacidades de todos los sectores productivos comprometidos con la sostenibilidad”, expone.
La entidad insistió en la advertencia sobre los riesgos institucionales de concentrar decisiones estratégicas en un número reducido de actores, lo que podría debilitar la innovación, comprometer la calidad del servicio y afectar el ejercicio efectivo del derecho fundamental a un medioambiente sano.
Asimismo, subraya que todo régimen de contribuciones debe guiarse por criterios de equidad, proporcionalidad y legalidad tributaria, diferenciando según el tipo, volumen y tratamiento de los residuos generados.
Considera la Finjus que una reforma que aspire a ser legítima, eficaz y sostenible debe alinearse con los principios rectores del Estado Social y Democrático de Derecho: legalidad, participación, transparencia, inclusión y promoción del interés general.
“Si bien es imprescindible generar condiciones normativas que impulsen una transformación profunda en el coprocesamiento de residuos, este proceso debe estar guiado por una visión integradora, basada en el respeto a los principios constitucionales y en la articulación de voluntades públicas, privadas y comunitarias que fortalezcan la institucionalidad democrática y ambiental del país”, concluye el documento difundido ayer por la entidad.
La ley que modifica la legislación de Residuos Sólidos, fue aprobada la pasada semana por la Cámara de Diputados y luego convertido en Ley a pesar de las críticas de diversos sectores.
Red de apoyo al medio ambiente rechaza ley
La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) manifestó ayer preocupación por el impacto de la ley que modifica a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
Ecored advierte que esta legislación carece de ajustes técnicos esenciales y podría comprometer seriamente la sostenibilidad financiera, la transparencia institucional y la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en la economía circular del país. La presidenta interina de Ecored, Christy Luciano y otros miembros del consejo directivo y representantes de organizaciones como la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem) y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), expresó las preocupaciones del sector en una rueda de prensa.
Luciano destacó que la ley aprobada debilita los pilares de la economía circular, abre la puerta a monopolios funcionales y establece contribuciones tributarias sin estudios financieros que las respalden. “Se estima que de los más de $8,000 millones que se proyecta recaudar anualmente, cerca de $4,000 millones se destinarían al aumento de tarifas para empresas recolectoras, que actualmente reciben menos de $3,000 millones”, advirtió.
Corrección
«La Ley tiene que corregirse y le puedo decir que vamos a atender esas observaciones y la vamos a reenviar con observaciones”, dijo el presidente Abinader.
